El lawfare es un término de aparición reciente que se utiliza para poner de relieve que el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial pueden, traspasando las funciones que le son propias, ejercer sus potestades, lisa y llanamente, para fines de persecución política, para fines de exclusión de empresas, para fines contrarios a la ley y al Derecho. Es lo que también se ha denominado en el pensamiento jurídico y político uso alternativo del derecho o, si se quiere, uso alternativo del poder.
Es decir, el poder para laminar, para excluir, para eliminar al adversario. Algo muy de actualidad en tantas latitudes, también por supuesto en España, donde experimentamos, y de qué forma, el lawfare de un Parlamento que se ha convertido en Monarca absoluto para blindar privilegios a unas minorías a través de una ley singular que discrimina y lamina la igualdad de millones de personas.
En el mismo sentido, si los jueces y magistrados usaran las resoluciones jurisdiccionales, con grave ausencia de motivación, para fines distintos de la resolución de conflictos de acuerdo a la ley y al derecho, también incurrirían en lawfare. Y, de la misma manera, si el Poder ejecutivo dictará actos o normas para fines de servicio subjetivo al interés particular estarían también cometiendo lawfare.
Desde 1789, gracias al artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, sabemos que “una Sociedad en la que no esté establecida la garantía de los Derechos, ni determinada la separación de los Poderes, carece de Constitución”.
Pues bien, en su virtud, podemos afirmar sin duda alguna que, de hacerse real y efectivo la proposición de ley orgánica de amnistía, tal y como está redactada, interfiriendo la actividad de los jueces y tribunales, se estaría perpetrando un auténtico lawfare con las consecuencias que todos sabemos: nuestra sociedad española carecería de Constitución, ya que no estaría determinada la separación y división de los Poderes. Casi nada.
