De qué hablan algunos políticos cuando usan el término anglosajón “lawfare” o “judicialización” en lenguaje patrio? Si acudimos al Diccionario de la Real Academia Española: “Llevar por vía judicial un asunto que podría conducirse por otra vía, generalmente política”. El “generalmente”, desde luego no excluye y a mi juicio incluso reafirma, que aunque el “asunto” en muchos casos pueda ser en efecto “político”, de su conocimiento sólo deberían ocuparse los magistrados, y sólo a ellos, en aplicación de la ley, correspondería determinar si los hechos deben ser encaminados a juicio o rechazados.
Las alusiones de “lawfare” son una importante vuelta de tuerca en los mecanismos de presión al sistema judicial en su conjunto. Ese discurso traslada a la sociedad la idea de comportamientos parciales y antidemocráticos por parte de quienes desarrollan sus deberes en la persecución de los delitos.
El entorno mediático de la izquierda tarda poco en señalar como casos de “lawfare” aquellos que incomodan a sus líderes políticos. Si un juez aprecia indicios de presunto delito y decide abrir una instrucción, ojo con a quien investiga. A partir de aquí, llega un punto en el que dará igual lo que haga su señoría. Si mantiene pesquisas abiertas, se tendrá que escuchar que alarga la investigación con intención de perjudicar. Si cierran la instrucción sin procesamientos, dirán que no había causa.
El uso de este término, más propio del populismo que de la armonización con el Derecho Europeo, debería hacer saltar todas las alarmas y provocar una reacción unánime de la sociedad civil, en defensa del Estado de Derecho, la separación de poderes y la independencia judicial. El control judicial del Poder Público es un componente esencial del Estado de Derecho, incluso cuando tal control se ejerce sobre cuestiones políticas. Jueces, fiscales y policías deben actuar ante cualquier supuesto delictivo con independencia de quien sea responsable y, por supuesto, eso incluye los delitos que hayan sido cometidos por quienes asumen responsabilidades en el orden político.
Pero no, no son los jueces los únicos perjudicados por el “lawfare”. El daño es más hondo y afecta a todos sin excepción. Suprimida la autonomía de los magistrados, tal y como algunos pretenden, y puesta la atribución de juzgar a los jueces en manos del poder político, nada protegería ya a ningún ciudadano de la autocracia plena de un gobierno que se haya arrogado la potestad de decir la última palabra acerca de ley y magistratura.
Es verdad que los sistemas políticos no son mecanismos de relojería, y quizá lo más parecido a ese mecanismo en la esfera política sea la división de poderes que toda democracia liberal instaura. Mediante los contrapesos institucionales, se pretende definir un complejo reparto de tareas en virtud del cual los servidores que ocupan los distintos cargos del Estado cumplan con sus obligaciones sin interferencias de los otros poderes.
El Poder Judicial en España es independiente, y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo de “lawfare”. Por tanto, esta sofisticada y novedosa forma de ataque a la independencia de jueces y fiscales y de presión al sistema judicial en su conjunto desde el poder político, debe ser tachada de inadmisible.
