El martes 30 de abril, salió del Concello de A Rúa la liquidación del año 2022. Era el último día para presentar un documento que debería haber sido entregado a principios de 2023, pero que no se envió, como tampoco la cuenta general, lo que impidió el acceso a un buen número de subvenciones de la Xunta. Lo apuntó la alcaldesa nacionalista, María González Albert, saliendo al paso de una crítica del portavoz popular, Álvaro Fernández López, en el último pleno.
“Non tiñan nada, cando chegamos o Concello estaba sin conta nin orzamentos”, dijo la regidora, quien confía en tener lista la liquidación y la cuenta de 2023 en breve. Explicó que el anterior equipo de gobierno, dirigido por el ahora portavoz del PP, había contratado a una empresa para la contabilidad, siendo al final rechazados, por lo que sus sucesores se vieron obligados a pagar la factura de los trabajos que habían desestimado sus predecesores, quienes contrataron a otra entidad, que no presentó la documentación.
“Foi un problema moi grave”, comentó González Albert, quien afirma que la pérdida de subvenciones impidió que el Concello ingresase cientos de miles de euros, a pesar de tener las memorias redactadas.
González Albert también expuso que esta misma situación provocó el retraso en el pago a proveedores que cuestiona el PP.
El pleno aprobó las ordenanzas de las viviendas sociales y de emergencia social. El PP se abstuvo, criticando la lentitud de su elaboración, y el convenio con la CIUG.
