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Una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid obligó a reincorporar a una interventora cesada por el Ayuntamiento de Madrid. Esa misma sentencia señalaba que “en caso de cese de un interventor, que ejerce control técnico presupuestario y financiero de la actividad política y administrativa, se estima que debe exigirse con el mayor rigor, que esta razón contrastable exista, sea explícita y se pueda demostrar. Puesto que estos funcionarios ejercen autoridad, y dicha autoridad debe ser respetada, evitándose que cesándolos el gobierno municipal eluda los controles técnicos, en serio perjuicio del interés público y de la Administración”, indicaba la sentencia.
En aquel caso, se hizo con un interventor nombrado por libre designación, no como Gonzalo Alonso en el Concello de Ourense, que ganó la plaza por concurso y es funcionario de carrera. No se conocen ceses de interventores nombrados por concurso porque la legislación no lo contempla, por lo que en caso de producirse, todo acabaría resolviéndose en la vía judicial.
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