La morosidad del Concello de Ourense marca su máximo histórico. Según el informe de tesorería correspondiente al mes de mayo que se acaba de publicar, queda certificado que la institución local ha agravado todavía más la crónica situación del pago de facturas, con una demora media de 139,39 días para abonarlas, casi un mes más que en abril, cuando el retraso, ya muy alto, era de 111 días.
Con estos demoledores datos, Ourense se consolida como segunda capital de provincia española más morosa, y certifica que desde que gobierna Gonzalo Pérez Jácome la situación, lejos de mejorar, no ha dejado de empeorar, ya que nunca antes en lo que va de siglo el Concello había tardado tanto en pagar a sus proveedores. Las facturas tramitadas y pendientes de pagar suman 10 millones de euros.
Pero más allá de esta tardanza, otro informe, en este caso del interventor, y que se llevará al próximo pleno, que se celebrará esta semana, revela que la situación es todavía más complicada. Y es que el máximo órgano fiscalizador ha detectado en la liquidación del ejercicio de 2023 que el año pasado se cerró con un total de facturas por importe de 18,68 millones de euros escondidas en la denominada “cuenta 413”, gasto correspondiente al pasado ejercicio que no tenía partidas y no se pudo tramitar. Es decir, este ejercicio empezó con facturas sin tramitar por importe de más de 18 millones.
Esto conlleva un déficit no financiero en el Concello que asciende a 18,97 millones, concluye el interventor: “A liquidación consolidada correspondente ao exercicio económico do 2023 reflicte unha situación de déficit non financeiro, e polo tanto de necesidade de financiamento, cifrada en 18.971.952,46 euros”.
De no ser porque el Gobierno suspendió la aplicación de las reglas de estabilidad presupuestaria, esa situación obligaría al Concello a aprobar un plan económico-financiero con medidas restrictivas para recuperar la normalidad.
El PP pide a Jácome pagar "urxentemente"
El PP llevará una moción al pleno de este viernes precisamente para pedir al alcalde que cumpla “de forma inmediata” con el pago pendiente a proveedores, cuyo retraso “non só afecta á solvencia operativa das empresas, moitas delas locais, que prestaron os seus servizos, senón que tamén pon en perigo o emprego de moitos cidadáns que dependen delas”, lamenta la concejala Ana Méndez.
Los populares solicitarán también el pago de las remuneraciones pendientes a los trabajadores municipales, pues también están sufriendo la falta de pagos, “unha grave falta de respecto e consideración cos profesionais que traballan para manter o funcionamento dos servios públicos e esenciais e que dedican o seu tempo e esforzo en servir aos cidadáns sufran esta situación insostible.
Por último, el PP insiste en la importancia de aprobar los presupuestos: “Estar sen un marco financeiro claro e definido dificulta máis a grave situación económica que atravesa o Concello”.
