El pasado 23 de abril Karim Bouyakhrichan, líder de la organización criminal holandesa conocida como “Mocro Maffia”, se daba a la fuga tras ser puesto en libertad con cargos. Había sido detenido en una operación policial con muchas semejanzas a la “Al Andalus” y “Vozka”: muchos meses de investigación, acumulación de pruebas y gran despliegue de agentes para el arresto. La Audiencia Provincial le impuso una fianza de 50.000 euros y la obligación de firmar en el juzgado cada 15 días.
Un caso que el juez Vázquez Taín considera un ejemplo de la descoordinación judicial. “Por mucho que el Ministerio de Justicia presuma de ‘papel cero’, no hay una coordinación entre juzgados, y cada comunidad autónoma tiene su sistema informático. Eso significa que yo puedo tener una orden de busca y captura sobre un individuo, y éste estar firmando en un juzgado de otra autonomía por otro delito sin que yo lo sepa”, relata el magistrado, añadiendo que “la mayor parte de los países de Europa nos supera”.
El penalista Arturo González considera que en este caso “se daban todos los indicios para mantener la prisión provisional (el mafioso estuvo 53 días preso), y una Audiencia Provincial, que son tres jueces, le impuso una fianza de 50.000 euros, que para él son como 50 euros para nosotros”.
