Las diez casas reinantes que aún quedan a día de hoy en Europa, incluida la española, vinieron acometiendo en los últimos años una clara reducción en el número de miembros reconocidos de la familia real con el objetivo principalmente de garantizar mejor la ejemplaridad que la sociedad espera de ellos y también para reducir el coste que supone la monarquía.
Así se desprende del estudio que llevó a cabo Eduardo Álvarez, periodista y doctor en Ciencias Políticas de la UCM, y que, bajo el título “Familias reales europeas menguantes. Un fenómeno imparable en aras de la racionalización y modernización de la institución en el siglo XXI”, publicó la Red de Estudios de las Monarquías Parlamentarias.
Cuando tras su llegada al trono en junio de 2014 Felipe VI redujo los integrantes de la familia real a sus padres, Juan Carlos I y Sofía, a la reina Letizia y a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, no hizo sino seguir una tendencia que ya habían iniciado otras casas reinantes y en la que también están inmersas otras.
El autor resalta que “ninguna se está quedando al margen del fenómeno de la reducción de lo que podríamos llamar sus núcleos duros, esto es, de los miembros de sus correspondientes dinastías con capacidad de representación y funciones oficiales”.
Así, con diversas nomenclaturas, todas abrazaron “la clara distinción entre quienes forman parte del organismo de relevancia constitucional -en el caso español diríamos la familia real-, y quienes quedan fuera, aunque tengan un parentesco muy próximo al titular de la Corona -aquí aludiríamos a ellos como familiares del rey-”.
Álvarez identifica entre las razones que explican esta reducción “un interés claro en la racionalización de la institución, un mayor control que sólo es viable sobre un grupo reducido de personas, un indisimulado ahorro económico para el contribuyente, o la preocupación por la imagen, la transparencia y la fiscalización de la actividad de sus miembros”.
En este sentido, sostiene que “sin el exigente escrutinio público al que hoy están sometidas las monarquías, probablemente no habría hecho falta la distinción de un modo tan claro entre la familia real y los familiares del rey” si bien aclara que la delimitación de quién conforma la familia real -casa real en la mayoría de países- no afecta en nada a los derechos sucesorios al trono, “perfectamente regulados en cada país”.
Actualmente, el modelo más extendido de familia real es el comprendido por “el monarca soberano y su consorte, los progenitores del primero -de haberlos-, sus descendientes y sus familiares de segundo grado, fundamentalmente hermanos y sus cónyuges”, si bien el caso de España es más restrictivo.
Aún con esto, dado que este modelo arroja familias reales que podrían considerarse como “demasiado numerosas”, “empieza a ser tónica dejar fuera a los nietos del monarca que no sean descendientes del heredero al trono”. Así ocurrió por ejemplo en Dinamarca, donde la reina Margarita II decidió en 2023 que los cuatro hijos de su segundo hijo, el príncipe Joaquín, dejarían de ser considerados como príncipes y de formar parte de la familia real, o en Suecia, donde los nietos del rey Carlos Gustavo que no son hijos de la princesa heredera Silvia también fueron dejados fuera.
También hay casos de “racionalización extrema”, según resalta el autor, “como el muy peculiar de Liechtenstein”, donde solo hay tres miembros propiamente dichos y donde aún impera la ley sálica, o de Noruega, “que deja fuera de la institución incluso a hijos del heredero a excepción de quien sea su primogénito”, por lo que actualmente solo tiene cinco miembros. Pero Álvarez también identifica otra tendencia, la de la reducción de los miembros de la familia real, “al margen de los deseos del soberano de turno, por decisiones personalísimas de integrantes de las mismas que deciden abandonar toda responsabilidad institucional”. Aquí entrarían los casos del príncipe Enrique de Inglaterra o de la princesa Marta Luisa de Noruega.
