El Tribunal Constitucional (TC) anuló la condena de seis años y medio de cárcel que se le impuso por prevaricación en concurso con malversación en el caso de los ERE al exdirector general de IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar. El pleno del Tribunal Constitucional sigue el camino iniciado con la ex consejera socialista Magdalena Álvarez, a la que absolvió de prevaricación.
Según informó la corte de garantías ayer, el tribunal -por siete votos frente a cuatro- ha aceptado parcialmente el recurso que presentó la defensa de Miguel Ángel Serrano Aguilar, excargo del Instituto de Fomento de Andalucía (después, Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía). Considera que la Audiencia Provincial de Sevilla y el Tribunal Supremo interpretaron mal el delito de prevaricación y vulneraron su derecho a la presunción de inocencia.
La mayoría de la corte de garantías ha declarado que se ha vulnerado el derecho a la legalidad penal y a la presunción de inocencia del recurrente. Se abre el camino a que se borre este delito en el resto de recursos, entre ellos el del expresidente andaluz José Antonio Griñán, castigado también a seis años de prisión por malversación. Su caso se verá en dos semanas.
Esta decisión contó con los votos particulares de los magistrados del ala conservadora Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo y César Tolosa y de la magistrada Concepción Espejel. Según ha informado el TC, también hay un voto concurrente de la magistrada del ala progresista María Luisa Segoviano.
Tanto la Audiencia de Sevilla como el Supremo consideraron que Serrano Aguilar firmó, en su calidad de director general del IFA/IDEA, convenios particulares con la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social para el pago de ayudas sociolaborales y empresas en crisis con cargo a los fondos de la partida presupuestaria 440 del programa 3.1 L de las respectivas leyes de Presupuestos.
Los convenios
Ahora, el Constitucional fija que ambos tribunales realizaron una interpretación y aplicación imprevisible del delito de prevaricación, prohibida por el derecho a la legalidad penal. Según el tribunal, aunque las firmas de convenios particulares puedan ser consideradas resoluciones recaídas en asunto administrativo, no puede apreciarse que incurran en arbitrariedad porque estaban amparadas en las leyes de Presupuestos de Andalucía 2002-2009. Los magistrados sostienen que “no puede” decirse que la actuación amparada en las leyes de presupuestos es ilegal cuando esa actuación se lleva a cabo de acuerdo con lo que las memorias de las leyes de presupuestos establecen al respecto.
Así las cosas, el TC entiende que la condena a Serrano Aguilar por el delito de malversación es contraria al derecho a la legalidad penal. También considera que la condena vulnera su derecho a la presunción de inocencia porque, a su juicio, las sentencias de la Audiencia de Sevilla y del Supremo no argumentaron lo suficiente que el exdirector del IFA fuese quien dispusiera de fondos públicos para fines distintos a los previstos.
El Pleno abordó el caso de Serrano Aguilar después de que el 18 y 19 de junio resolviera los amparos de los exconsejeros José Antonio Viera y Magdalena Álvarez. Al primero le desestimó el recurso porque su argumentación era genérica; a la segunda, le estimó parcialmente el recurso al anular la condena y ordenar a la Audiencia de Sevilla que dictara una nueva sentencia que rebaje la pena.
El Constitucional tiene reservados hoy y mañana para continuar deliberando sobre una batería de asuntos, entre los que figuran otros cuatro recursos relativos a los ERE: el del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, el de la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, el del exconsejero de Justicia y Administración Pública Jesús María Rodríguez Román y el del exconsejero de Innovación Francisco Vallejo.
Ayer, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (PP), sostuvo que “es difícil creer en el Constitucional en estos momentos, muy difícil. Porque hay un variable 7 contra 4, y pase lo que pase, sea el asunto que sea y suceda lo que suceda. Y eso yo creo que a los ciudadanos les hace muy difícil, sinceramente, creer en el Tribunal Constitucional”.
