La Junta de Fiscales avala el criterio del fiscal general, Álvaro García Ortiz, de pedir al Tribunal Supremo la aplicación de la ley de amnistía a los delitos de malversación atribuidos a los encausados del "procés". Este miércoles, la Fiscalía enviará su respuesta al juez instructor del caso, Pablo Llarena, y a la Sala de lo Penal del Supremo.
Han sido cinco horas de debate entre esta postura y la defendida por los fiscales del Supremo encargados de la causa, que no veían viable amnistiar por entender que en los hechos sí existía ánimo de lucro y que sí afectaron a los intereses financieros de la Unión Europea.
Cese de medidas cautelares
La mayoría de la Junta de Fiscales, a la que fueron convocados un total de 37 más el fiscal general, han coincidido con García Ortiz en que, tras la entrada en vigor de la ley "procede declarar amnistiadas la totalidad de las conductas" objeto de los procedimientos, como también "levantar las medidas cautelares que penden respecto de alguno de los encausados", entre las que se incluye la orden nacional de detención activa contra Carles Puigdemont.
