El estudio hidrogeológico para la alta velocidad ferroviaria entre Ourense y Vigo por Cerdedo ya está finalizado. Así lo anunció ayer el alcalde de la ciudad olívica, Abel Caballero, tras reunirse con el presidente del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), Ángel Contreras. Con todo, de momento, este trazado de alta velocidad, que permitiría realizar el trayecto entre ambas ciudades de forma directa sin pasar por Santiago, seguirá enfrentándose a nuevos trámites tras dos décadas en proyecto.
Contreras informó a Caballero que se pone fin al estudio hidrogeológico -a grandes rasgos, un estudio sobre las aguas subterráneas- con la incorporación del estudio complementario que demandaba la Confederación Hidrográfica Miño-Sil. Este examen fue encargado por José Luis Ábalos cuando era ministro de Transportes en 2018. Ahora, el documento está en manos de esta misma cartera ministerial, que tendrá que tramitar un estudio informativo complementario para adaptarlo al nuevo informe hidrogeológico.
El alcalde de Vigo aseguró que “esto es un nuevo paso y un gran avance para la ciudad de Vigo” y avanzó que mantendrá una reunión con el secretario de Estado de Transportes para profundizar en esta cuestión próximamente. Para Caballero, “Adif cumplió con el compromiso de llevar adelante el estudio hidrogeológico, comenzó con Isabel Pardo de Vera y termina con el actual presidente de Adif”.
El nuevo estudio informativo, como ya había avanzado el ente gestor de las infraestructuras ferroviarias, requiere un contrato de unos 600.000 euros para un proyecto cuya obra se estima en unos 2.300 millones. Su licitación está prevista para el segundo semestre de este año y se extenderá, como mínimo y según lo previsto, durante cuatro años. En total, harán falta al menos diez años más de estudios, proyectos y licitaciones antes de iniciar las obras.
El proyecto de la variante de Cerdedo está destinado a comunicar directamente Ourense con Pontevedra y Vigo por tren. Ya se planteó a comienzos de siglo. Sin embargo, el alargamiento de los trámites y la caducidad de los estudios previos en la década pasada -el Gobierno popular no licitó ningún kilómetro- obligó a reiniciar el proceso burocrático.
