El Colegio de la Abogacía de Madrid y la defensa de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, pidieron el pasado viernes al instructor del Tribunal Superior de Madrid que enviara los indicios hallados contra el fiscal general Álvaro García Ortiz, al Supremo. Según publicaba Ángela Martialy en el diario El Mundo, la instrucción abierta tras la denuncia del empresario contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal de Delitos Económicos Julián Salto por revelación de secretos apuntaba directamente a García Ortiz. Los letrados de la pareja de la presidenta regional solicitaron al magistrado Francisco Goyena que se inhiba después de que se les diera traslado del documento en el que el fiscal general del Estado asumía la responsabilidad de la difusión de la nota en la que se daba cuenta del cruce de correos entre el abogado de Alberto González y el fiscal del caso relativo a un supuesto fraude fiscal.
La petición de los representantes de los abogados madrileños se produjo así tras la práctica de las diligencias en la fase de instrucción por parte del juez del TSJM, incluyendo la declaración de los dos fiscales investigados, y ante los indicios que apuntan a la presunta responsabilidad penal del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
- “Responsabilidad última”. El fiscal general del Estado asumió el pasado 15 de abril después del silencio mantenido sobre la filtración de datos confidenciales del novio de Ayuso durante un mes, que “estaba informado de los acontecimientos”, siendo responsable “último” de lo sucedido, tanto que fue él quien dio la orden de difundir los datos secretos del pacto de conformidad que negociaba la defensa de la pareja de la presidenta madrileña con la Fiscalía de Madrid. Todo ello después de que El Mundo desvelara que fue García Ortiz el que dio a la fiscal superior de Madrid la instrucción de remitir la polémica nota de prensa. Así, el propio fiscal general del Estado asumió verbalmente la responsabilidad de la difusión de la nota de prensa en un acto institucional celebrado en la sede de la Fiscalía el pasado 15 de abril y posteriormente lo ratificó en un escrito dirigido al TSJM el pasado día 10, en el que además solicitaba que la causa fuera enviada al Tribunal Supremo. El instructor dio traslado a las partes para que se pronuncien y todo parece apuntar que la causa terminará en manos del Alto Tribunal.
- Lastra y los whatsapp. El pasado 13 de julio, Almudena Lastra, fiscal superior de Madrid, declaró ante el instructor del Tribunal Superior de Madrid que recibió la orden por escrito de García Ortiz de remitir a los medios la nota de prensa con datos confidenciales de González Amador. Esa orden fue dada por whatsapp en marzo a Lastra después de que su jefe de prensa se enfrentara a la directora de Comunicación de la Fiscalía General por este asunto, según recoge El Mundo en su análisis de los indicios que señalan a García Ortiz. El gabinete de prensa de la Fiscalía Superior de Madrid distribuyó la nota enviada por la Fiscalía General con la conversación entre Fiscalía y el abogado de la pareja de Díaz Ayuso. En el último de sus mensajes a Almudena Lastra vía whatsapp, el propio García Ortiz escribía “Almudena, no me coges el teléfono. Si dejamos pasar el momento nos van a ganar el relato. La actuación de los compañeros y de la fiscalía es impecable y hay que defenderla”.
- Fiscal jefe de Madrid. Pilar Rodríguez, fiscal jefe de Madrid, imputada en el procedimiento, declaró el jueves en el TSJM que ella no intervino en la redacción de la nota de prensa que ordenó distribuir a los periodistas el fiscal general, admitiendo que las actuaciones se produjeron por orden de García Ortiz. Rodríguez dijo que se limitó a cotejar los datos incluidos en el comunicado de prensa sobre el novio de Ayuso, pero agregó que no había consensuado la nota con la Fiscalía General del Estado.
- Gmail personal. Los correos entre la defensa de la pareja de Ayuso y la Fiscalía madrileña acabaron en la cuenta de García Ortiz, según figura en la Instrucción 1/2022, dictada por Almudena Lastra el 22 de junio a la que tuvo acceso El Mundo, y a pesar de la advertencia como “medida a observar respecto de la seguridad de la documentación e información por las fiscales jefes”. Interrogada sobre el motivo de haber enviado los correos que le había proporcionado Julián Salto al fiscal general, Rodríguez se acogió a su derecho a no declarar.
- Filtración a la cadena Ser. Tras el reenvío de los correos del fiscal Salto por Pilar Rodríguez al fiscal general del Estado, la Ser publicó una información en que aseguraba que “el novio de Ayuso ofreció a la Fiscalía llegar a un pacto declarándose culpable para evitar el juicio”. En dicha información se argumentaba que el abogado de Alberto González ofreció un acuerdo a la Fiscalía tras reconocer dos delitos contra la Hacienda Pública. El TSJM investiga esta filtración junto al comunicado redactado en la Fiscalía General y emitido por orden de García Ortiz.
El Colegio de la Abogacía de Madrid denunció la gravedad de lo sucedido por la violación que supone para el derecho de defensa, y el magistrado trata de investigar “quién o quiénes fueron las personas físicas concretas que intervinieron en la decisión de hacer público dicho comunicado de prensa y el máximo responsable de la carrera fiscal que acordó la decisión de difundir el comunicado”.
